Испания приготовилась раздавать деньги просто так. Это почти КОММУНИЗМ


Безусловный доход, базовый доход, renta mínima, renta básica, Ingreso Básico Garantizado. Это разные названия одного и того же, — раздачи денег «на жизнь» всем подряд.

Испания приготовилась внедрить программу базового дохода и начать раздавать деньги населению просто так уже в конце мая. Пособия будут выплачивать тем, чье финансовое положение ухудшилось из-за пандемии коронавируса, пишет Reuters со ссылкой на министра по социальным вопросам и миграции Хосе Луиса Эскрива.

Правительство должно утвердить программу на еженедельном заседании кабинета министров 26 мая. Ожидается, что до миллиона семей получат пособия, которые обойдутся бюджету от 3 до 3,5 миллиардов евро в год. Сумма выплат будет определяться индивидуально для каждой семьи, в зависимости от ее дохода.

Как пишет Bloomberg, министр экономики Испании Надя Кальвино заявила в начале апреля, что если эта схема окажется эффективной, то она «останется навсегда, что станет важным экономическим инструментом поддержки». Размер пособия пока не установлен, однако власти обсуждают цифру в 500 евро.

Другие страны также думают о введении базового дохода. Так, в Шотландии обсуждается универсальная схема, которая позволит правительству выплачивать ежемесячные пособия каждому гражданину, независимо от его финансового положения или занятости.

В Финляндии эксперимент по введению безусловного базового дохода завершился провалом, раздача денег не повлияла на рост рынка труда. Правительство отказалось от идеи безусловного базового дохода из-за его неэффективности.

El debate de la renta mínima: qué proponían hasta ahora Iglesias y Escrivá
Las medidas que la AIReF y Podemos han planteado en los últimos meses son muy diferentes, tanto en las cifras como en el espíritu de las mismas.
Pablo Iglesias quiere su foto. Y la tendrá. Esta semana, ha vuelto a ganar el pulso que planteó en el Gobierno. Tiene la mitad de los votos del PSOE y un cuarto de sus escaños. Y cuatro ministerios de los considerados menores (ni siquiera Trabajo mantiene las competencias en Seguridad Social). Sin embargo, en todos los enfrentamientos que se han hecho públicos entre el sector socialista y el podemita, le ha ganado por la mano a sus socios en el Ejecutivo. De cara a la opinión pública y en términos de imagen, está claro quién manda en la Moncloa.
La polémica de estos días tenía que ver con la renta mínima (que no básica) y su aplicación inmediata. Era una de las grandes promesas del Gobierno y se suponía que José Luis Escrivá, que desde la AIReF presentó un esquema para una medida de este tipo, lideraría su puesta en marcha. No en vano, su Ministerio se llama de «Inclusión, Migraciones y Seguridad Social». El problema es que el ministro quería cuadrar las cuentas y esto lleva tiempo. Un tiempo del que el vicepresidente no dispone: en medio del caos generado por la gestión sanitaria de la crisis del coronavirus, con las decenas de rectificaciones sobre la gravedad de la situación, la necesidad o no de mascarillas, las cifras de contagiados o fallecidos, o las compras de material que no sirve… con todo esto en la mochila, el Gobierno tiene que apuntarse un tanto con sus incondicionales. Y Podemos quiere capitalizarlo.
A partir de ahí, surgen las dudas sobre un proyecto sobre el que se conoce el titular -«un ingreso mínimo vital para hogares en situación de pobreza extrema y que alcanzará a tres millones de beneficiarios»- y poco más. Por otro lado, los dos protagonistas -Escrivá e Iglesias- han defendido modelos de renta mínima muy alejados entre sí en los últimos meses.
El plan de la AIReF
Así, la AIReF planteó el año pasado un esquema de renta mínima como respuesta a la Iniciativa Legislativa Popular que los sindicatos llevaron al Congreso (aquí, el artículo de Libre Mercado con todos los detalles del informe). Como apuntábamos en su momento, en realidad se trataba más de una reorganización que de un modelo totalmente nuevo: es decir, en España ya existen programas de renta mínima y algunos son bastante generosos; el problema es que son incompletos, se superponen entre las administraciones, no llegan a todos los beneficiarios, implican mucha burocracia, etc…
La AIReF proponía dos esquemas:
— Opción A: dos tramos. El primero agrupa a aquellos hogares con ingresos inferiores al 20% de la mediana y el segundo a los que tienen ingresos inferiores al 60% de la mediana (para hacernos una idea: ese 60% de la mediana equivale a unos 8.208 euros para un adulto soltero y 17.237 euros para una familia con dos adultos y dos menores).
Para el tramo 1 ayuda equivalente al 80% del IPREM por adulto (537,84€ al mes, 6.454€ en 12 pagas)
Para el tramo 1 y 2: complemento por hijo a cargo de 1.200 euros (con un máximo de 3 hijos)
— Opción B: dos tramos (ingresos inferiores al 30% de la mediana e ingresos inferiores al 60% de la mediana).
Para el tramo 1: ayuda por adulto decreciente desde el 80% del IPREM hasta el 10% del IPREM (con el objetivo de evitar saltos en la prestación)
Complemento por hijo a cargo (con un máximo de 3 hijos): de 1.680 €/año (140 €/mes) para el tramo 1 y de 1.200 €/año para el tramo 2.
La propuesta de Podemos
También el socio minoritario en el Gobierno tiene su propio programa de rentas mínimas. En realidad, ésta es una de las medidas que Podemos más ha promocionado desde su nacimiento. En todos los programas electorales del partido ha habido alguna propuesta en este sentido. Eso sí, eran mucho más elevadas en 2015 que ahora.
De hecho, en aquellos primeros programas de Podemos la renta mínima en realidad era una renta básica: es decir, no una ayuda contra la pobreza dirigida a hogares con pocos ingresos sino una ayuda incondicional, que recibirían todos los hogares fuera cual fuera su situación patrimonial (esto es importante: en muchas ocasiones se confunden renta mínima y renta básica, aunque son dos programas con costes, motivación, filosofía y encaje muy diferente).
La propuesta de Podemos para las Elecciones Generales del pasado año era la siguiente:
Ingreso Básico Garantizado. Se trata de una prestación de suficiencia de ingresos que tendrá una cuantía inicial garantizada por adulto de 600 euros al mes, que se incrementará en función del número de miembros del hogar hasta los 1200 euros y funcionará de manera automática e incondicionada. Además, se actualizará periódicamente con el valor más alto entre el IPC y el crecimiento del salario mediano. Es previsible que esta reforma alcance a 10 millones de personas
Los detalles
Como vemos, los planteamientos de la AIReF y de Podemos son bastante diferentes, tanto en las cifras como en los beneficiarios y en el esquema de los programas. Y esto es muy importante, porque al final, detrás de los grandes titulares sobre «rentas mínimas» (o, incluso, cuando se ha planteado, «rentas básicas») se esconden medidas con muy poco en común. Casi todos los países (también España en la actualidad, aunque es cierto que falta uniformidad en los diferentes esquemas vigentes) tienen programas que intentan garantizar unos ingresos mínimos a sus ciudadanos.
Algunos son razonables y sirven a un doble objetivo: 1. Se configuran como una especie de seguro obligatorio, por el que el Estado ayuda a aquellas personas que se han quedado sin ingresos en un momento determinado; y 2. Sirven como pasarela para acceder al mercado laboral (es decir, aunque no estén ligados al empleo, sí se enmarcan dentro de un objetivo más amplio, que es el de facilitar que los hogares que reciben esa ayuda mejoren sus opciones de encontrar un trabajo).
En otros países, lo que hay son subsidios generalizados e incondicionados que acaban siendo parte de eso que los economistas denominan como «trampa de la pobreza»: esquemas en los que el receptor acaba teniendo incentivos a no mejorar su situación por sus propios medios, por miedo a perder la ayuda. Simplificando mucho, no son iguales las rentas mínimas de Dinamarca, Suiza u Holanda que las de Argentina. En los detalles se esconderá la clave de esta propuesta.
En este sentido, y como ya hemos apuntado, hay que recordar que España tiene numerosos esquemas de rentas mínimas y que algunos son bastante generosos. La idea, por lo tanto, debería ser eliminar muchos de estos esquemas (redundantes y poco eficaces) y crear un modelo más equilibrado en todas las regiones. En este punto, el Gobierno se enfrentará a uno de los puntos más delicados: cómo encajar su programa de rentas mínimas con los que ya operan en las comunidades autónomas. Escrivá ha asegurado en los últimos días que no invadirá competencias de los gobiernos regionales y que será un complemento a los mismos. Porque, además, la cuestión territorial toca otro aspecto polémico: no es lo mismo lo que supone una renta mínima de 600€ en Madrid que en un pueblo de Cáceres; pero sería muy complicado para el Gobierno establecer diferencias por territorios (y, si lo hiciera, sería una puerta abierta al fraude).
La otra gran incógnita tiene que ver con la relación con el mercado laboral. Al final, la discusión (económica, pero también filosófica) sobre los programas de renta mínima gira en torno a si pueden terminar siendo un desincentivo al empleo. Los que defienden la medida aseguran que no sólo no es así, sino que en realidad es un empujón, puesto que otorga a los hogares con menos ingresos unos medios mínimos, con los que puede prepararse mejor para incorporarse al mercado laboral. Enfrente, los detractores señalan que una paga incondicional puede suponer un freno para los grupos de población con menos estudios o más dificultades de acceso al empleo.
Aquí hay tres cuestiones clave: en primer lugar, la cuantía de la renta y su relación con los salarios. Por poner dos ejemplos extremos: si la renta mínima es de 100€ y el salario medio para un trabajador no cualificado es de 1.500 euros… está claro que esta paga no supondría un desincentivo demasiado importante. Enfrente, si el primer salario que puede esperar una persona es de 900€ y la renta mínima es de 850€, pues entonces quizás sí, este programa pueda actuar como freno a la incorporación plena al mercado.
En segundo lugar, es muy importante cómo se complementa el programa de renta mínima con el resto de políticas del mercado laboral. Así, el informe de la AIReF pedía «implementar un sistema integrado de información de servicios sociales y conectado al Sistema de Información de Empleo (SISPE)» y «asegurar la complementariedad con otras políticas», especialmente las «políticas activas de empleo y la prestación de servicios sociales complementarios». Es decir, que los hogares que reciben la renta también estén en el radar de los servicios de empleo para ayudarles en esa integración. Esto no quiere decir que la percepción de la renta esté condicionada a la carencia de un empleo (algo peligroso, porque podría desincentivar la búsqueda del mismo) pero sí que forme parte del esquema general de acceso al mercado laboral.
Aquí está el punto más polémico de cualquier programa de renta mínima: si es incondicional, se corre el riesgo de generar incentivos perversos (tanto a no buscar un empleo como a hacerlo sólo en la economía sumergida, para poder compatibilizar el ingreso del trabajo con la renta mínima). Y si existen condiciones muy estrictas, entonces no es renta mínima y se corre el riesgo de no cubrir a todos los que lo necesiten. Cuadrar este círculo no es nada sencillo. En este pulso entre Escrivá y Podemos, parece claro que el partido morado se inclina más por un esquema no condicionado y con rentas más elevadas.
Pero, además, no hay que olvidar otra cuestión que puede ser clave en nuestro país: el resto de la regulación del mercado laboral influirá (y mucho) en cómo se desarrolle cualquier programa de renta mínima. Porque la facilidad que tengan las personas de menos formación para encontrar un empleo es fundamental a la hora de prever cómo funcionará un programa de este tipo. Es decir: el mismo programa de rentas mínimas puede tener efectos completamente diferentes en Suecia que en Grecia, en Holanda o en Italia. En aquellos lugares que ofrezcan oportunidades a los trabajadores de menos cualificación, una renta mínima puede cumplir su labor como pasarela hasta encontrar un trabajo. En los sistemas más rígidos, puede actuar exactamente en sentido contrario. La pregunta es ¿qué mercado laboral tendrá España? ¿Qué regulación impulsará Yolanda Díaz y cómo influirá ésta en las posibilidades de acceso al empleo de estos trabajadores con menos formación? España ya es uno de los países con un porcentaje más elevado de economía sumergida y empleo irregular, ¿se acentuará este proceso con una renta mínima?
Por supuesto, otra cuestión muy importante tiene que ver con el coste. España ya tenía un serio problema con el equilibrio presupuestario de sus cuentas públicas antes de la crisis del Coronavirus. Un programa de este tipo no será barato. Y si se impone la opción de Podemos, todavía menos. La AIReF planteaba un coste de unos 3.500 millones al año para su propuesta. Lo que planteaba el partido morado probablemente multiplicaría por 5 o 6 esta cantidad (en función de si sustituye, complementa o modifica los actuales programas autonómicos).
El debate teórico es muy interesante: aquí, por ejemplo, artículos de José Ignacio Conde-Ruiz en el que pide una renta mínima de carácter temporal; otro de Juan Ramón Rallo en el que explica las diferencias entre renta mínima y renta básica, y las condiciones que podrían hacer razonable el establecimiento de la primera; o una explicación muy detallada de Ángel Martínez Jorge en Twitter sobre los estudios que se han realizado en el País Vasco sobre el programa vigente en esta región (el más generoso de España y, al mismo tiempo, muy asociado a la búsqueda de un empleo).



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